Todos recordarán que el pasado 28 de mayo de 2009, saltóa a todos los medios de comunicación el caso de Melgar Vargas, un boliviano que trabajaba en una panadería de Valencia sin contrato y sin papeles.

Tuvo la mala suerte de perder un brazo en un accidente laboral cuando manipulaba la máquina amasadora de espiral. Sus jefes le dejaron tirado en la puerta del hospital, sin responsabilizarse del accidente y sin hacer nada por poder recuperar el brazo, que podría haber sio reimplantado.
Ahora se ha conocido que el Ministerio Fiscal pide seis años de prisión y otros seis de inhabilitación profesional para cada uno de los dos hermanos propietarios de la panificadora done se produjo el accidente.
Melgar Vargas, el trabajador inmigrante accidentado,  ha asegurado que "ve bien" que se haga "justicia por el daño" que ha sufrido. Además ha asegurado que cree "mucho en la justicia española", y aunque se encuentra "mal" porque no va a recuperar el brazo amputado quiere superarse y "estudiar algo" para no quedar "estancado".
Vargas ha reconocido que le hubiera gustado que los dueños de la panificadora se hubieran puesto en contacto con él o le hubieran pedido disculpas, pero ha indicado que ambos le "guardan mucho rencor".
"Somos personas que tenemos errores y ellos también tuvieron su error", ha señalado Melgar Vargas, quien ha explicado que los hermanos "siempre" han dicho que no le conocen y "que no trabajaba ahí", aunque "todo el mundo sabe" que sufrió "la desgracia", que trabajaba en la panificadora y que tiene "pruebas" para demostrarlo.
Ha explicado que, aunque su madre estuvo con él tres meses después del accidente y luego regresó a Bolivia, ahora volverá a España para hacerle compañía, ya que su mujer trabaja y está solo gran parte del día.
"Mi madre debe aceptarlo, porque haga lo que haga no voy a volver a tener el brazo, y tengo que ir superándome poco a poco y aparentar que me siento bien, porque por dentro siento mucho dolor", ha indicado.
Melgar Vargas, al que le ha quedado una pensión de 1.052 euros al mes, ha señalado que tiene "muchas ganas" de que regularicen la situación de su novia, que lleva cuatro años trabajando en España.
La acusación pública considera en su escrito de calificación provisional que los dueños del negocio, Juan Javier R. y Raúl R.,
son autores de dos delitos contra los derechos de los trabajadores, por los que solicita para cada uno tres años de prisión y otros tres de inhabilitación, además de 12 meses con una cuota diaria de 15 euros y una indemnización de 132.540 euros para la víctima.